Más de cien profesionales al servicio de las administraciones central, regional y local y de la administración de Justicia -junto a alumnos universitarios- son los destinatarios del II Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Jurídicas -homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP)-, que se celebra este miércoles y jueves en el centro asociado de la UNED en Almería.
El II Simposio Internacional de Actualización en Ciencias Jurídicas se centra en la incidencia de la digitalización en el procedimiento administrativo en el sector público y en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Diputación y UNED reafirman su compromiso con la investigación y divulgación académica en el 50 aniversario de la primera universidad a distancia de España.
En una primera sesión, el foro se ha focalizado en el estudio de la digitalización del proceso administrativo y del sector público en España. Luis Miguel Arroyo, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide; Caroline Adolphsen, profesora de la Universidad de Aarhus; y Juan Francisco Pérez, catedrático de la Universidad de Almería y profesor de la UNED, han versado en su ponencia sobre el derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos y la asistencia a los ciudadanos por parte de funcionarios públicos habilitados. En este debate se ha analizado en particular el caso del procedimiento administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa en Dinamarca.
En la segunda mesa de análisis, la ex-directora del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP), María del Mar Caraza, y la catedrática de la Universidad de Sevilla, Concepción Barrero, han teorizado acerca de las notificaciones electrónicas y los registros, así como la reforma de la función pública en Andalucía.
Este jueves, el simposio ahonda en la jurisdicción contencioso-administrativa y la abogacía del Estado. También se actualizan conocimientos sobre la incidencia digital en el régimen jurídico del procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario. Los ponentes son Demetrio Carmona, abogado del Estado y profesor de la UNED; Antonio Abad, director de Recursos Humanos de la Diputación; y Juan Antonio Almansa, titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Almería. El cierre de este foro internacional corre a cargo de Alberto Palomar, magistrado en excedencia y miembro del Comité de Bioética de España.
En la inauguración, el diputado Álvaro Izquierdo ha hecho énfasis en la labor de amparo digital “que realiza la Diputación de Almería con los municipios más pequeños de la provincia”. La instalación de cajeros en más de una treintena de pueblos en exclusión financiera ha ahorrado miles de desplazamientos -ofrecen al ciudadano la posibilidad de hacer gestiones telemáticas con la administración provincial sin tener que recurrir a la movilidad-. Además, la Diputación tiene una sede electrónica a través de la red provincial, en contacto con los ayuntamientos, que permite el movimiento virtual de notificaciones, expedientes, documentos oficiales, subvenciones, ayudas, reclamaciones, presentación de ofertas y otras gestiones.
Demetrio Casado, abogado del Estado y profesor de la UNED en Almería, ha incidido en los desafíos que se plantean con la revolución digital. En esta línea, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y también tutor de la UNED, Juan Francisco Pérez, considera que la digitalización es un proceso sin retorno, con consecuencias ya visibles.
Como representante del poder municipal, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha expresado su convencimiento de que la eliminación del papel y la incorporación de la teleadministración es un avance sin precedentes que está provocando un cambio de paradigma en la relación entre el ciudadano y los ayuntamientos.
Visión similar tiene el director del centro asociado de la UNED en Almería, José Jesús Gázquez, quien ha puntualizado que este foro internacional es la expresión de una necesidad de mejorar la formación en un entorno tan complejo, que afecta a la interacción de la administración con el administrado.
Las jornadas han contado con el apoyo académico del Grupo de Investigación Ciencia y Derecho Público en el siglo XXI de la Universidad de Almería.
