El presidente de la Diputación, Javier A. García, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración por el que ambas administraciones se comprometen a cooperar para la elaboración de los planes de cambio climático que deben tener todos los municipios de la Comunidad Autónoma. Crespo ha valorado que esta entidad supramunicipal es la primera en sumarse a esta iniciativa y que “ha sido pionera en demandar este proyecto para los almerienses, especialmente, para los del mundo rural”.
Esta alianza favorecerá la colaboración con los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos de formación y concienciación medioambiental y desarrollo sostenible
“Nos hemos adelantado a la obligatoriedad de la ley”, ha resaltado la responsable de Medio Ambiente, para quien esta diligencia supone una “ventaja” al dar más tiempo a las localidades para la realización de los trámites. Además, como ha anunciado Crespo, los ayuntamientos de Almería contarán con la posibilidad de acogerse a una nueva línea de ayuda por la que el Gobierno andaluz y la Diputación se harán cargo de los costes de la elaboración de los planes municipales de cambio climático.
La almeriense ha sido la primera Diputación en sumarse a esta iniciativa a la que se espera que se adhieran posteriormente las otras siete andaluzas. La consejera de Desarrollo Sostenible ha recalcado la “vocación de nuestra tierra por luchar contra el cambio climático, especialmente de Almería, que es una tierra afectada en gran medida por este fenómeno”. Asimismo, Carmen Crespo ha comentado también que, dada la gran diversidad de sus territorios (desierto, litoral, montaña…), se trata también de “la provincia idónea” para comenzar a elaborar unos planes de acción que servirán de guía para “poner sobre la mesa las medidas necesarias para hacer realidad esta lucha”.
En su intervención, la titular del ramo ha recordado que “el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estableció diez ejes para la Revolución verde en Andalucía entre los que se encuentra la lucha contra el cambio climático”, un objetivo al que contribuyen los ayuntamientos a través de los planes municipales. En cuanto a la labor de su departamento en este sentido, Crespo ha apuntado que, entre otras actuaciones llevadas a cabo por la Junta, ya se encuentra “al 100%” la tramitación del desarrollo normativo de la Ley de Cambio Climático. Al respecto, ha detallado que entre sus “objetivos fundamentales” se encuentran el establecimiento de una Comisión Interdepartamental, “que ya está puesta en marcha en Andalucía”, y de una Oficina Andaluza de Cambio Climático, que también se encuentra en funciona- miento. A estas acciones completadas se suma la creación del Consejo Andaluz por el Clima y la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el clima que, como ha afirmado Crespo, “estarán antes del verano a disposición de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería ha agradecido a la consejera este nuevo paso del Gobierno Andaluz por Almería: “Nuestra provincia ha pasado del olvido a ser protagonista de la agenda de la Junta de Andalucía, lo que se traduce en hechos y proyectos que benefician a todos los almerienses. Gracias a este acuerdo Diputación y Junta vamos a trabajar con los ayuntamientos de la provincia para impulsar acciones medioambientales que combatan el cambio climático”.
Javier A. García ha resaltado que la provincia de Almería es “referente mundial” en el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la agricultura y que “la conciencia medioambiental forma parte del ADN almeriense”. En este sentido, ha destacado la y diversidad y riqueza medioambiental de una provincia que cuenta con “250 kilómetros de costa, 40 espacios protegidos, dos Parques Naturales y un Parque Nacional; dos Reservas de la Biosfera, cinco Parajes Naturales y diez monumentos naturales y más de 3.500 horas de sol al año”.
Asimismo, el presidente de la Diputación ha detallado que este protocolo favorecerá la colaboración con los ayuntamientos en proyectos para “implicar a la sociedad en formación medioambiental, asesoramiento al tejido empresarial y la detección de nuevas oportunidades para el desarrollo de empresas almerienses”.
Protocolo de colaboración
El acuerdo firmado hoy entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación de Almería establece las bases para articular el apoyo de estas instituciones a los municipios de la provincia para la elaboración de las bases de datos, la difusión y la creación de cultura climática y energética en el ámbito rural. Asimismo, también contempla la puesta en marcha de actividades de comunicación y formación y asesoramiento a las empresas para fomentar su participación en los planes y para descubrir nuevas posibilidades de desarrollo.
De hecho, como ha puesto de relieve la consejera, “Almería es una provincia que tiene muchas posibilidades” a pesar de ser el territorio andaluz más afectado por el cambio climático. En este sentido, Carmen Crespo ha apostado por hacer de ello “una oportunidad, no un problema,” y aprovechar para crear un nuevo “nicho de negocio”, por ejemplo, en torno a las “energías limpias”.
Estas declaraciones hacen referencia a que uno de los objetivos principales de los planes locales de cambio climático es servir para determinar las estrategias que se pueden poner en marcha en cada territorio para mitigar emisiones a través del fomento de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la implantación de una movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios o todas aquellas medidas encaminadas a reducir el riesgo de los impactos del cambio climático y sus efectos como olas de calor o las inundaciones.
Estas planificaciones municipales se basan, principalmente, en el análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y en la identificación y caracterización de los elementos vulnerables y las oportunidades de mejora. Además, contemplan también los impactos del cambio climático en cada localidad y apuntan las medidas más adecuadas para hacer frente a la situación actual. Gracias al cálculo de la huella de carbono, los ayuntamientos pueden medir, por ejemplo, cuánto contaminan los coches de sus vecinos, cuánto emiten sus edificios municipales o servicios públicos y actuar en consecuencia a través de diversas actuaciones como optimizar rutas de circulación o mejorar la movilidad.