El municipio de Líjar está recibiendo, este año, inversiones por valor de casi 71.000 euros del Plan de Fomento de Empleo Agrario. Este montante se va a destinar a dos proyectos que están permitiendo, durante un año, mejorar las infraestructuras y servicios básicos del municipio a la vez que se dinamiza el mercado laboral. Precisamente, esta semana el Diputado Provincial responsable del PFEA, Guillermo Casquet, ha visitado estas actuaciones acompañado del alcalde, José Antonio Crisol. Ambos han comprobado ‘in situ’ el estado de ejecución de estos importantes proyectos que se están realizando con cargo al Régimen General y al Régimen Agrario.

“El diputado para el PFEA ha visitado el municipio para conocer ‘in situ’ el desarrollo de las obras del Régimen General y Agrario”

Por un lado, se ha interesado por el proyecto encuadrado dentro del Régimen General, denominado ‘Pavimentaciones 2013’. Se trata de una obra que cuenta con un presupuesto total que alcanza los 52.590 € y consta de tres actuaciones:

–      Terminación de acerado en el camino de la escuela.

–      Nivelación y repavimentación de placeta en Plaza de la Cruz.

–      Pavimentación y redes de tramo de calles Tercia, Ángel y Castillo.

De estos 52.590 € del presupuesto de la obra, 34.580 euros están destinados a cubrir la mano de obra y 18.010 € a sufragar los materiales.

Por otro lado, también ha visitado el otro proyecto que se está desarrollando en el municipio con cargo al Régimen Agrario: ‘Acondicionamiento Medioambiental’. Este proyecto consiste en desbroce y limpieza de todas las áreas ajardinadas, así como de pintura de paramentos. Esta obra cuenta con 18.414,32 € de presupuesto.

El PFEA es todo un balón de oxígeno para los pueblos de menos de 20.000 habitantes que no sólo obtienen de él empleo; sino además los servicios e infraestructuras que a través de ellos se llevan a cabo.

En cuanto a la financiación, el SPEE es el responsable de sufragar los costes salariales y la seguridad social de los empleados; mientras que Diputación y Junta se encargan los costes de los materiales necesarios para la ejecución, en una proporción del 75/25%. Por su parte, los Ayuntamientos aportan el 8% de los costes no salariales y el plus de transporte de los trabajadores de la construcción.