El Instituto Almeriense de Tutela de la Diputación Provincial, cumple un año más al servicio de las familias almerienses convertido en todo un referente en cuanto al apoyo que presta a las unidades familiares de la provincia que, preocupadas por el bienestar de sus miembros y por diversas circunstancias, no pueden asumir su cargo tutelar.

Este servicio que estableció la Diputación de forma pionera ha superado ya los 400 usuarios de desde su puesta en marcha

Un servicio que en el último año ha recibido un importante número de consultas relacionadas con cómo solventar cuestiones y problemas que afectan a la gestión de la tutela de un familiar, así como aquellas cuestiones relacionadas con la administración y gestión patrimonial o la gestión y organización de asuntos que afectan a la vida diaria y atención de las necesidades de los tutelados.

Actualmente, el IAT tiene encomendada la tutela de 85 personas a las que presta un servicio de apoyo y asistencia con el fin de promover su autonomía y velar por la mejora de su calidad de vida y su desarrollo personal.

Para lograrlo, durante todo el año el IAT ofrece un amplio programa de actividades de carácter lúdico, de apoyo a la socialización e inclusión social, promoviendo la participación en todo tipo de eventos y actividades como visitas guiadas por la provincia, realización talleres, cursos y actividades informativas y de sensibilización que logren una mayor conciencia social e institucional para este colectivo.

La labor del IAT a lo largo de sus 26 años de actividad, no sólo ha servido para atender a familias y a más de 400 tutelados, sino también a profesionales de otros servicios, al Ministerio Fiscal, entidades sociales y profesionales que han actuados como tutores encomendados a este instituto por resolución judicial.

El diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha puesto de manifiesto la importancia de este servicio tan necesario para la provincia y que fue pionero en su andadura. “La creación de este organismo sirvió de modelo y referente para cubrir un importante vacío legal y social. Gracias a su puesta en marcha se pudo dar respuesta a la necesidad de protección de un colectivo de personas especialmente vulnerables, caracterizadas por su limitada capacidad de autogobierno y necesitadas de especial protección jurídica y social en nuestra provincia. Actualmente trabajamos con 85 personas a las que ayudamos y atendemos para promover su autonomía y mejorar, en definitiva, su calidad de vida”.

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