La Diputación Provincial de Almería ha realizado durante este año un trabajo continuo en materia de detección de fugas hídricas en los municipios de la provincia con el fin de garantizar la presión y el acceso al agua durante las 24 horas del día a todos los ciudadanos de la provincia de Almería. Si bien, este año se han realizado 126 acciones de detección de fugas; desde el año 2002 han sido atendidas un total de 1.372 peticiones por el Servicio de Infraestructura Urbana del Área de Fomento.

Esta labor es fundamental para garantizar la presión y el acceso al agua durante las 24 horas del día a todos los ciudadanos de la provincia

Uno de los objetivos principales de los sistemas de abastecimiento es proveer de agua potable de calidad y en cantidad adecuada a todos los ciudadanos, con suficiente presión y en cualquier momento. En muchos casos, la existencia de fugas presenta la mayor barrera a estos objetivos, ocasionando impactos sociales, ambientales, económicos y técnicos.

El diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, ha destacado la importantancia que tiene esta labor que pone de manifiesto “el trabajo codo con codo” que se realiza con los responsables municipales incargados de la prestación del abastecimiento en los pueblos con menos recursos económicos y técnicos representan “una de las colaboraciones más importantes que la institución provincial presta a los Ayuntamientos y que facilita la vida a decenas de miles de vecinos garantizando el acceso a agua de calidad y en cantidad”.

En este sentido, cabe destacar que las fugas van más allá de la pérdida de presión o de las interrupciones de servicio pueden provocar riesgos para la salud si se dan la infiltración de aguas residuales y otros contaminantes en los sistemas de tuberías con baja presión o suministro intermitente. La necesidad de aportar más agua al sistema a causa de las pérdidas supone una presión adicional sobre los recursos hídricos, tan escasos en la provincia de Almería, y requiere el consumo de energía adicional, ocasionándose de este modo emisiones de dióxido de carbono que podrían evitarse.

Los costes de explotar, tratar y transportar agua perdida en su camino al consumidor sin ser facturada complica también el obligado cumplimiento por Ley del principio de recuperación de costes de los servicios públicos. La continuidad en el tiempo de fugas no detectadas puede provocar graves afecciones a la urbanización de las calles y a las cimentaciones de las viviendas adyacentes, pudiendo ser necesaria la ejecución de costosas obras de reparación a sufragar por las arcas municipales como titular de las redes de distribución de agua.

Un equipo al servicio de la provincia desde 2002

Ante la necesidad de minimizar estos impactos surgió la iniciativa de la Diputación para la creación de un servicio de detección de fugas de agua que pudiera asistir a los municipios con menor capacidad técnica y económica de la provincia.

El equipo de detección de fugas viene prestando esta colaboración a los Ayuntamientos de la provincia desde el año 2002. Los recursos técnicos con los que se cuenta son: dos geófonos de inspección acústica; un correlador acústico; una placa de detección de tapas de registros enterradas; una sonda emisora para conocer el trazado de las redes; equipos manométricos de control de presiones; y un caudalímetro ultrasónico portátil que permite la medición de caudales en las tuberías de forma no intrusiva capaz de almacenar 24 horas de registros en continuo.

Una vez observada la posible existencia de una fuga por los responsables municipales del mantenimiento de la red de agua es puesta en conocimiento del Servicio de Infraestructura Urbana mediante la cumplimentación y envío de un formulario tipo al email infofugas@dipalme.org. Con la mayor brevedad posible, ya que se trata de actuaciones que requieren la máxima prioridad, el personal de Diputación de desplaza a las poblaciones para la detección y el marcaje de la fuga. Todas las fugas detectadas son inventariadas mediante una base de datos, lo que permite determinar la necesidad de renovación de las infraestructuras hidráulicas en el caso de la existencia reiterada de problemas en determinadas zonas de las redes de los municipios.